El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAP-CV), tras la reunión mantenida el 29 de septiembre con la Conselleria de Sanidad, lamenta que la administración siga dilatando en el tiempo la ejecución de las medidas de mejora, y que ni siquiera concrete plazos.
La Conselleria comunicó que ha iniciado la tramitación del Plan de Choque en AP y la paga extraordinaria por la COVID19, y que está valorando dónde ubicarán los guardias jurados para reforzar la seguridad en los centros de salud y cómo llevar a cabo una campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía. Unas medidas totalmente insuficientes dejando aparcadas el resto de las demandas, que no fueron abordadas en el encuentro.
Ante esta inacción, los servicios jurídicos del Foro han elaborado una serie de acciones que se comunicarán a los médicos de AP para que puedan prestar una atención adecuada. Se trata de autorregular las consultas, bajo un marco legal, deontológico y de seguridad del paciente, para hacer frente a la inasumible demanda asistencial actual.
Desde el FOMAP-CV recuerdan que es necesario aumentar las consultas presenciales, pero con recursos adecuados y no con agendas desbordadas si se quiere prestar una atención de calidad y controlar la pandemia para que no se colapse el sistema sanitario.
Las acciones a emprender y sobre las que se informará a todos los médicos y pediatras de AP de la Comunidad Valenciana son las siguientes:
– Cumplimiento estricto de la jornada de trabajo
– Cumplimiento estricto del tiempo necesario para una atención digna y adecuada a cada paciente.
– Remisión de los pacientes a las direcciones de primaria-coordinadores no atendidos por finalización de la jornada.
– Cumplimiento estricto de las funciones médicas, y remisión de actuaciones burocráticas impropias a las direcciones de primaria para su realización por quien corresponda.
– Queja ante el Sindic de Greuges por las condiciones de trabajo y la falta de medidas por parte de la Conselleria que palíen la situación actual.
– Solicitud expresa de evaluación de los puestos de trabajo en cuanto a las medidas colectivas e individuales de prevención de riesgos laborales y/o consiguiente denuncia por su infracción, primero ante la Inspección de Trabajo y posteriormente ante los Juzgados de lo Social.
– Exigencia de órdenes escritas a las direcciones/coordinadores, de actos o acciones impropias de los médicos.
– Recuperación de agendas de presencia física hasta tanto y cuanto no se doten de medios adecuados los centros de salud para poder realizar una atención telemática con garantía y eficacia, tanto para el personal facultativo como para los pacientes (pero asegurando valoración previa del posible riesgo de infección o contacto COVID-19, y dirigir cada una de las solicitudes a la consulta idónea).