Ante las recientes declaraciones del Gobierno de la Generalitat Valenciana aparecidas en medios de comunicación sobre el litigio que mantiene la Universidad de Miguel Hernández contra la autorización del grado de Medicina en la Universidad de Alicante, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) realiza las declaraciones siguientes:
Reiteramos nuestras declaraciones previas sobre la necesidad de que exista una programación a nivel nacional de las necesidades de médicos en España, que defina el número de egresados necesarios en cada momento para mantener el número de facultativos especialistas existentes en el sistema sanitario público con previsión de más de 10 años, que es el tiempo necesario para formar un especialista. Esto debe evitar el problema principal y real que actualmente existe, la falta de médicos de diversas especialidades que ponen en peligro la calidad de la asistencia de un sistema público que ha sido modélico en sus prestaciones y en la profesionalidad de sus médicos, auténtica e imprescindible base de la asistencia sanitaria en España. De igual forma, se debe evitar la creación excesiva de facultativos, abocados a nutrir una bolsa de paro, situación que ya existió en los años 80 y 90 del siglo pasado, y que creemos es intolerable que se repita.
La creación de un campus sanitario compartido en la provincia de Alicante, a falta de información más concreta sobre la propuesta, nos parece una solución razonable ante la actual problemática existente entre las dos Universidades públicas de la provincia, sujeta además a litigios en los juzgados cuyo desenlace podría prolongarse en el tiempo, y que mantiene un enfrentamiento que en nada beneficia a la profesión médica en general, ni a los alumnos de grado de Medicina implicados en particular. Siempre estaremos a favor de una solución de consenso, que sirva para potenciar y no para dividir los esfuerzos que se realizan para mantener la excelencia en la formación médica.
Las exigencias del COMA deben dirigirse hacia que se asegure la calidad de la enseñanza tanto en lo referente al profesorado como a las instalaciones sanitarias donde se realizan las prácticas de los alumnos, a que no haya perjuicio para el alumnado y a buscar la eficiencia en cuanto a las necesidades materiales y el coste necesario en gasto público como corresponde a una gestión responsable de los recursos en entidades de Derecho Público como las nuestras.