La colegiación es la máxima garantía que tiene a su disposición la ciudadanía a la hora de contratar o acudir a un profesional. Esta ha sido la principal conclusión de la jornada “El intrusismo en la práctica profesional”, organizada por el Foro PROA Provincia de Alicante y que tuvo lugar el lunes, 2 de diciembre, en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI).
El encuentro, moderado por el asesor del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante y exdecano del ICALI, Isidro Echániz, contó con la participación de la Dra. María Isabel Moya, presidenta del Colegio de Médicos de Alicante (COMA), y el decano del Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos e Industriales de Alicante (COITI), Antonio Martínez-Canales.
“La ley prefiere decir que hay concurrencia entre diferentes profesiones que perseguir el intrusismo”, señaló la presidenta. Moya defendió la necesidad de crear “pactos interprofesionales” para que sean los propios clegios, a través de convenios, quienes colaboren con la administración en la delimitación de las competencias profesionales, ya que, según mencionó, “los colegios tenemos mucho que decir en relación al intrusismo” y parece ser que la colaboración entre estas instituciones es determinante “en un mundo que avanza a la interdisciplinaridad y el trabajo en equipo”.
Por su parte, el máximo representante de COITI, Martínez-Canales, reseñó la falta de una regulación práctica y eficaz en la lucha contra el intrusismo y destacó la puesta en marcha en su sector de la formación permanente por medio del “desarrollo profesional continuo”, cuya evaluación y calificación corre a cuenta del propio Colegio, que certifica los conocimientos del profesional.
Tanto Martínez-Canales como Moya subrayaron como clave que la ciudadanía disponga de toda la información sobre los miembros de los Colegios, a través, por ejemplo, de la llamada ventanilla única. Del mismo modo incidieron en que quién en primer lugar debe luchar contra el intrusismo es la propia administración.
Tras el debate, el presidente de Unión Profesional Alicante, PROA y decano del ICALI, Fernando Candela, recordó que la Ley4/2019, de 22 de febrero, de la Generalitat, de modificación del capítulo II del título III de la Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de consejos y colegios profesionales de la Comunitat Valenciana impone sanciones de entre 5.001 euros y 150.000 euros a aquellos “profesionales, empresas y entes” que contraten profesionales que incurran en infracciones muy graves, tales como no estar colegiados o ejercer la profesión mientras se ejecuta una sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión, entre otros supuestos.
“Es importante que la sociedad conozca no sólo estas sanciones sino también vea en la colegiación una garantía de cualquier servicio que necesite porparte de un profesional”, afirmó Candela.
Fuente: UPA
