El Colegio de Médicos de Alicante (COMA) ha conseguido que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Alicante procese a cinco personas y dos sociedades por el desvío de más de 760.000 euros correspondientes a los porcentajes de participación de la póliza de Responsabilidad Civil que la institución colegial debería haber ingresado entre los años 2014 a 2018.
Tras la querella que presentó el Colegio como acusación particular y que posteriormente amplió, la instructora ha concluido la investigación y ha dictado auto de incoación de procedimiento abreviado contra el exgerente de la institución colegial, Jose Manuel C.R. y su esposa, Fátima O.P., contra el representante legal de la empresa Trustrisk Ibérica Agencia de Suscripción S. L., Óscar Armando C.Q., y esta mercantil, contra un exempleado del Colegio, Sebastian Faustino A.B. y su esposa, Asunción M. CH, y la sociedad de ambos. La instructora considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de estafa. La resolución establece un plazo de diez días para que la Fiscalía y, en su caso, las acusaciones particulares formulen escrito de acusación y pidan la apertura de juicio oral.
El presidente del Colegio, el Dr. Hermann Schwarz Chávarri, ha presentado esta mañana las novedades del auto junto al secretario técnico jurídico y director de la causa judicial, Guillermo Llago. Para el Dr. Schwarz, este auto “lamentablemente confirma las irregularidades que detectamos cuando ganamos las elecciones y entró la nueva Junta Directiva”, lo que llevó a presentar una querella contra el exgerente hace tres años y medio. Ahora, -ha añadido- “esperamos poder recuperar los 760.547 euros que deberían estar en las arcas colegiales”.
Los hechos se remontan a marzo de 2018 cuando la nueva Junta Directiva -presidida entonces por la actual vicepresidenta 1ª del CGCOM, la Dra. Mª Isabel Moya- encargó una auditoría interna de todos los servicios colegiales detectando irregularidades en la gestión y administración por parte del exgerente.
El Colegio decidió interponer a finales de 2018 una querella contra él y contra el administrador de la empresa Trustrisk, por presunta estafa, apropiación indebida y administración desleal -durante, al menos, cinco años- de gran parte del dinero procedente de la participación de beneficios del seguro contratado por la institución colegial. La cifra se eleva a 760.547 euros. Posteriormente, el Colegio amplió la querella a la esposa del exgerente, a un exempleado del Colegio y a la esposa de este último.
Según el auto dictado este pasado 26 de abril, “desde hace tiempo (pero centrando los hechos desde el año 2014) (…), determinadas cantidades de dinero han salido indebidamente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante, o determinadas cantidades que podía haber percibido o no pagado han tenido un destino distinto, lo que se ha traducido en una disminución del patrimonio de las entidades y por tanto de sus colegiados/personal”.
El auto recoge que el exgerente -“(…) aprovechando la confianza existente, la inexistencia de control o supervisión por cuanto todo el mundo delegaba en él la gestión (…)” del COMA y de SEMECO (empresa de seguros del Colegio)-, contactó con el administrador de la empresa Trustrisk e “impulsaron” la participación de esta mercantil para “suplantar” a SEMECO. Como consecuencia, “(…) la comisión por mediación, así como la participación en los beneficios dejaron de pasar a COMA y a SEMECO respectivamente (…)”, cantidad económica que ingresaba Trustrisk y que representaba el 32% del total. El dinero restante después de descontar estas comisiones y beneficios lo transfería a SEGURCAIXA.
Posteriormente, la instructora ha acreditado que el administrador de esta mercantil, “(…) desde su cuenta, hizo transferencias a entidades o personas relacionadas (…)” con el exgerente y con el COMA, “(…) sin causa que justificara el montante de las transferencias”. Algunas de ellas -añade- fueron de 44.731,48 euros 2017 y de 46.351,48 euros en 2018 y se realizó a una empresa propiedad de un exempleado del COMA y su esposa. A su vez, esta última mercantil también realizó transferencias a la esposa del exgerente por cantidades de 30.000 o de 7.170,50 euros en abril de 2017. “En ningún caso consta justificada relación jurídica que motivara o justificara la realización de tales transferencias y por tal importe”, afirma la magistrada.
En los próximos días, el Colegio presentará su escrito de calificación provisional y solicitará la apertura de juicio oral. De esta forma, quedará la causa pendiente de la celebración del juicio, y a priori se solicitarán importantes penas de prisión, así como la responsabilidad civil que se cuantificará en la suma presuntamente defraudada con sus intereses legales.